El tema de los radares siempre está rodeado de polémica. Su labor controladora de velocidad principalmente, queda en ocasiones empañada por ciertos episodios que responden más a una acción recaudatoria que a un apoyo para garantizar la seguridad en la carretera. Y aunque las administraciones no se cansan de defender que los radares no tienen un fin recaudatorio, en ocasiones resulta difícil de apoyar esta defensa y más aún cuando están en manos privadas.
Esto viene al caso por una situación que se está dando en la actualidad en la población vallisoletana de Simancas. Allí los conductores han comprobado un tanto estupefactos como una empresa privada ha ubicado un radar móvil que está generando cuantiosas ganancias que no dudan en repartirse entre dicha empresa y el Ayuntamiento en cuestión. Un dispositivo encargado de controlar la velocidad que ya en una semana ha fotografiado a más de 200 conductores en el Camino Viejo y en la carretera de Pesqueruela.
Un auténtico negocio para esta empresa privada, que no ha tardado nada en enriquecerse con su particular radar, una inversión y un método que ha avivado el debate recaudatorio. Debido a que si se generaliza esta práctica y cualquier empresa privada decide instalar un radar ‘para garantizar la seguridad’, los conductores vivirán la peor de sus pesadillas en las carreteras, además de ser un negocio completamente cuestionado moralmente.
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