{"id":2326,"date":"2012-04-24T08:34:38","date_gmt":"2012-04-24T08:34:38","guid":{"rendered":"http:\/\/new.pyramidconsulting.es\/news\/puede-ser-embargada-nuestra-cuenta-bancaria-por-deudas-derivadas-de-sanciones-de-trafico"},"modified":"2018-03-30T10:42:34","modified_gmt":"2018-03-30T10:42:34","slug":"puede-ser-embargada-nuestra-cuenta-bancaria-por-deudas-derivadas-de-sanciones-de-trafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pyramidconsulting.es\/it\/actualidad-juridica\/puede-ser-embargada-nuestra-cuenta-bancaria-por-deudas-derivadas-de-sanciones-de-trafico\/","title":{"rendered":"\u00bfPuede ser embargada nuestra cuenta bancaria por deudas derivadas de sanciones de tr\u00e1fico?"},"content":{"rendered":"

En la pr\u00e1ctica, es habitual que una persona f\u00edsica o jur\u00eddica pueda ver retenidos parte de sus dep\u00f3sitos bancarios, por deudas derivadas de sanciones de tr\u00e1fico, adem\u00e1s en muchos casos dichas retenciones se est\u00e1n realizando sin seguir, por parte de la Administraci\u00f3n, un procedimiento legal revestido de todas las garant\u00edas. Por este motivo, vaya como principio, que nunca el administrado debe aquietarse con un embargo o un comunicado de deuda en ejecutiva, pues considerando la gravedad de la medida que supone una repercusi\u00f3n directa sobre el patrimonio del afectado, las garant\u00edas legales deben prevalecer, si cabe, con m\u00e1s rigor que en cualquier otra situaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Por exponer el procedimiento con un poco de sistem\u00e1tica que permita situarnos en el problema, podemos indicar que, en teor\u00eda, nadie se deber\u00eda ver sorprendido sin m\u00e1s por un embargo<\/strong> o una reclamaci\u00f3n en ejecutiva, es decir, antes de llegar a esta situaci\u00f3n, el interesado deber\u00eda haber conocido la existencia de un procedimiento previo, lo que se denomina com\u00fanmente como fase voluntaria de tramitaci\u00f3n que incluye la notificaci\u00f3n de denuncia con el correspondiente plazo para formular alegaciones, as\u00ed como la resoluci\u00f3n sancionadora y su correspondiente plazo\u00a0 para formular recurso y la comunicaci\u00f3n final de estimaci\u00f3n o desestimaci\u00f3n del mismo. La citada tramitaci\u00f3n ser\u00eda el curso normalizado general, cuya notificaci\u00f3n final advertir\u00eda al interesado que el procedimiento en fase voluntaria habr\u00eda concluido y que si no se produce el pago, en el plazo legal de 15 d\u00edas naturales siguientes\u00a0 a la fecha de notificaci\u00f3n (art 90 Ley 18\/2009, que modifica la Ley de Seguridad Vial, LSV), o en su caso a aqu\u00e9l, normalmente m\u00e1s amplio, que ofrezca la propia resoluci\u00f3n notificada, pasar\u00eda a ser reclamado por v\u00eda de apremio.<\/p>\n

Cuando hablamos de \u201ccurso normalizado general\u201d, lamentablemente hay que matizar, ya que, por un motivo u otro, como suele suceder en otros \u00e1mbitos, lo general pasa a convertirse en excepcional con una gran merma de los derechos y garant\u00edas del administrado. Hablamos de una excepcionalidad<\/strong> que puede derivar de unas razones subjetivas, es decir, relativas al propio interesado, puede ser por ejemplo, un cambio de domicilio del deudor que le haya impedido conocer el procedimiento en su desarrollo en fase voluntaria. En parte, \u00e9sta ser\u00eda la menos dram\u00e1tica pues incluso esta aparente situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n, puede ser aprovechada por un asesor experto, para conseguir una nulidad de procedimiento en fase de apremio, ya que y, si bien, como luego expondr\u00e9, las causas de impugnaci\u00f3n en esta fase figuran tasadas, no por ello, si concurren, resultan menos efectivas. La otra l\u00ednea de excepcionalidad al denominado \u201ccurso normal de procedimiento\u201d, viene delimitada por las que se pueden llamar razones objetivas o previstas expresamente en la propia LSV. No hay que olvidar que despu\u00e9s de la reforma 18\/2009, y con una reducci\u00f3n sin precedentes de las garant\u00edas procedimentales en materia sancionadora, la Ley prevee un procedimiento \u201cexpress\u201d para supuestos de infracciones leves, graves que no detraigan puntos y graves y muy graves siempre que se hayan notificado en el acto; en los citados casos, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa, la propia denuncia surte efecto de acto resolutorio del procedimiento y pasado un plazo de 30 d\u00edas naturales desde la notificaci\u00f3n de la misma, \u00e9sta puede ser exigida v\u00eda ejecutiva (art. 81.5 Ley 18\/2009). Expuesto lo anterior, creo que a nadie se le puede escapar la importancia extrema que\u00a0 tiene la presentaci\u00f3n de alegaciones a fin de garantizar un desarrollo normalizado del procedimiento, caso contrario en un plazo de un mes nos podemos ver inmersos en un procedimiento ejecutivo y lo que es tambi\u00e9n muy grave con la detracci\u00f3n autom\u00e1tica de puntos caso que la denuncia llevara aparejada este tipo de sanci\u00f3n accesoria.<\/p>\n

De modo general la Ley 18\/2009 vuelve a perjudicar enormemente la esfera de derechos del administrado ya que ampl\u00eda de un a\u00f1o a cuatro el plazo que tiene la Administraci\u00f3n para exigir las sanciones consistentes en multa pecuniaria, que se contar\u00e1 desde el siguiente a aqu\u00e9l en que se produzca la firmeza en v\u00eda administrativa de la respectiva sanci\u00f3n.<\/p>\n

Analizando ya de modo concreto la fase ejecutiva (de recaudaci\u00f3n en sentido estricto), se pueden destacar los siguientes puntos:<\/p>\n

1-Necesidad de una resoluci\u00f3n firme<\/strong>, firmeza que puede derivar de haber agotado la fase de alegaciones y recursos, o bien por no existir alegaciones ni recursos debido al desconocimiento de procedimiento a nuestro a nombre (las notificaciones se pueden haber estado realizando en domicilios antiguos\u2026.) o, en su caso,\u00a0 como consecuencia del procedimiento legal \u201cexpress\u201d, antes aludido.<\/p>\n

2-Necesidad de una providencia de apremio<\/strong>, es el t\u00edtulo inexcusable que abre la v\u00eda ejecutiva y sin el cual el procedimiento ejecutivo deviene plenamente inv\u00e1lido, hasta el punto que uno de los motivos de impugnaci\u00f3n del embargo es precisamente \u201cla falta de notificaci\u00f3n de providencia de apremio\u201d(art. 170.3 Ley General Tributaria, LGT). La providencia de apremio debe contener adem\u00e1s una serie de elementos\u00a0 relativos a la identificaci\u00f3n del deudor, de la deuda misma, de los plazos de pago, de los medios de impugnaci\u00f3n y la descripci\u00f3n del recargo, que puede alcanzar hasta un 20% del principal.<\/p>\n

La citada providencia de apremio constituye pues la piedra angular del procedimiento<\/strong> de recaudaci\u00f3n y siendo un acto tan relevante tambi\u00e9n est\u00e1 sujeto a control y por tanto puede ser impugnable. Los motivos de impugnaci\u00f3n est\u00e1n tasados en la Ley, art. 167 LGT y no por tasados dejan de ser efectivos, se puede decir que de concurrir alguno de los motivos, el \u00e9xito en la tramitaci\u00f3n del expediente est\u00e1 asegurado, algunos de ellos son de aplicaci\u00f3n obvia como por ejemplo el hecho de haber pagado la deuda\u00a0 o la extinci\u00f3n total de la misma o la solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensaci\u00f3n en periodo voluntario. Sin embargo existen otras como la prescripci\u00f3n para exigir el pago, la falta de notificaci\u00f3n\u00a0 de la liquidaci\u00f3n, la anulaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n o los errores en la providencia de apremio que ya exigen una clara valoraci\u00f3n jur\u00eddica. Por otro lado las v\u00edas de impugnaci\u00f3n son variadas y van desde el simple recurso de reposici\u00f3n, pasando por la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica-administrativa, o en su caso la acci\u00f3n de nulidad, hasta llegar inclusive al contencioso, por lo que ser\u00e1 un t\u00e9cnico asesor quien mejor pueda delimitar la v\u00eda de recurso y los motivos del mismo.<\/p>\n

Un aspecto muy importante que debemos destacar de esta fase ejecutiva, es el hecho de que la misma no se suspende, es decir, aunque se haya impugnado puede avanzar el procedimiento hasta el embargo, pues la \u00fanica forma de impedirlo es, en t\u00e9rminos generales, el pago cautelar de la deuda o la prestaci\u00f3n de aval. No obstante, de producirse el pago cautelar o producirse finalmente la retenci\u00f3n bancaria, si prospera el recurso, el administrado debe ser reintegrado del total del importe, incluido el recargo.<\/p>\n

3- El embargo<\/strong>: se puede decir que es el acto final del procedimiento ejecutivo al que se puede llegar si la deuda no ha sido pagada o avalada, inclusive\u00a0 aunque como dec\u00eda antes, est\u00e9 sujeta a impugnaci\u00f3n. El embargo, se puede decir que significa ya el \u201csusto final\u201d, en todo este complejo procedimiento dirigido a la ejecuci\u00f3n sobre el patrimonio del deudor. Contrariamente a lo que suele suceder en la pr\u00e1ctica,\u00a0 que es relativizar su trascendencia jur\u00eddica con relaci\u00f3n a la dimensi\u00f3n\u00a0 de la providencia de apremio, es evidente que como acto final de todo un proceso recaudatorio, tiene m\u00e1xima importancia y la Ley as\u00ed lo prevee, delimitando de nuevo unas causas tasadas de impugnaci\u00f3n(art. 170.3 LGT), alguna, igualmente obvia, como puede ser la de extinci\u00f3n de la deuda, pero otras muy importantes y que nuevamente exigen de valoraci\u00f3n jur\u00eddica, como puede ser la de prescripci\u00f3n del derecho a exigir el pago, la falta de notificaci\u00f3n de la providencia de apremio, incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la Ley o la de suspensi\u00f3n del procedimiento de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

La impugnaci\u00f3n del embargo deviene clave cuando es la primera noticia que tenemos de un procedimiento concreto<\/strong> o cuando por las razones que sean no se han respetado las normas legales que deben regir los embargos y especial consideraci\u00f3n merece en este punto la obligaci\u00f3n de seguir un orden legal previsto en el art. 169 LGT, seg\u00fan el cual, caso de no ser respetado, el acto decretado puede ser declarado nulo de pleno derecho o en su caso anulable. El primer bien embargable es \u201cel dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de cr\u00e9dito\u201d y as\u00ed hasta un orden de ocho partidas m\u00e1s, de bienes embargables. Especial inter\u00e9s merecen (en particular para las persona jur\u00eddicas) los supuestos en los que la Administraci\u00f3n\u00a0 decreta el embargo de veh\u00edculos o en su caso de cr\u00e9ditos pendientes de cobro, una pr\u00e1ctica claramente improcedente si de demuestra la existencia de dep\u00f3sitos bancarios disponibles.<\/p>\n

Marga Bernardo
\nDpto. Jur\u00eddico de Pyramid Consulting SL<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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