Aprovechar un cargo para sacar beneficios de él, es algo a lo que tristemente nos estamos acostumbrando. El ejemplo que ahora nos llega corresponde a la alcaldesa del municipio valenciano de Carlet, María Ángeles Crespo, quien ha sido imputada por ejercer presiones y amenazas a agentes, con el fin de anular multas de tráfico.
Bajo un delito de prevaricación y otro contra la integridad moral del jefe de la Policía de Carlet se ha imputado y puesto en duda el proceder de la alcaldesa de este municipio. La responsable municipal del Partido Popular, ha sido denunciada después de que el agente afectado presentase la información, además de estar pendiente su comparecencia para poder ofrecer su versión de los hechos.
En este polémico caso encontramos los ingredientes necesarios para desvelar un abuso de poder en donde paradójicamente el agente resulta el afectado. Al parecer según el Jefe de la Policía Local, la alcaldesa quería llevar «de forma directa» las resoluciones de los expedientes sancionadores de tráfico y emprendió una tarea en donde anular, ratificar y amenazar era todo en uno, justificado bajo el paraguas de que «estaba harta de recibir a vecinos quejándose de las denuncias».
Un proceder particular con las multas
De esta forma y según el funcionario, la edil pidió a los agentes el cumplimiento de nuevas directrices a la hora de multar y ante la negativa comenzaron las presiones y amenazas que terminaron con el agente relevado de sus funciones. La alcaldesa defiende su interés por la labor ciudadana y la alarmante recaudación por multas de tráfico de los últimos tiempos. Las formas son lo que ahora está en cuestión dentro de este polémico caso.
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