La normativa de acceso a Madrid vuelve a dar un giro inesperado. El Ayuntamiento de la capital ha decidido ampliar un año más la moratoria que permite circular a los vehículos sin etiqueta medioambiental empadronados en Madrid, retrasando de nuevo una de las restricciones más controvertidas de la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

De este modo, los vehículos sin etiqueta ambiental de residentes madrileños podrán seguir circulando durante todo 2025 y también durante 2026, cuando inicialmente estaba previsto que la prohibición entrara en vigor el 1 de enero de 2025. El Consistorio justifica esta decisión como un nuevo “periodo de preaviso”, con el objetivo de dar margen a los conductores para adaptarse a la normativa.

Una prórroga marcada por la incertidumbre jurídica

Aunque el Ayuntamiento no lo ha reconocido de forma expresa, todo apunta a que esta ampliación de la moratoria está directamente relacionada con la sentencia pendiente del Tribunal Supremo, que podría declarar nulo el calendario inicial de restricciones. Esta situación deriva de la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, obtenida tras el recurso interpuesto contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible por el Departamento Jurídico de Pyramid Consulting, en representación de su cliente AVARM (Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales).

La sucesión de prórrogas y modificaciones normativas evidencia que el modelo de implantación de las restricciones sigue sin estar jurídicamente consolidado, generando un escenario de inseguridad legal tanto para los conductores como para la propia Administración.

Periodos de preaviso que se alargan en el tiempo

La ampliación hasta 2027 no es un hecho aislado, sino un nuevo episodio de lo que muchos conductores ya perciben como una auténtica montaña rusa normativa. En apenas unos años, Madrid ha modificado en varias ocasiones los plazos, condiciones y excepciones de acceso, dificultando que los ciudadanos sepan con certeza qué vehículos pueden circular y en qué momento.

Según Pyramid Consulting, esta falta de estabilidad normativa no solo genera confusión, sino que está siendo determinante para que numerosos juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid estén estimando recursos contra sanciones impuestas en aplicación de estas restricciones cambiantes.

Claves del conflicto normativo

Entre los principales problemas que plantea esta situación destacan:

1. Vaivén normativo constante
   Los continuos cambios en el calendario de aplicación reflejan una planificación deficiente y poco previsible.

2. Inseguridad jurídica
   La posibilidad de que el Tribunal Supremo invalide el calendario inicial refuerza la idea de que las restricciones no se han aplicado con la coherencia ni la seguridad jurídica necesarias.

3. Impacto directo en los conductores
   Los residentes en Madrid, afectados de forma directa por estas medidas, se enfrentan a reglas que cambian de un año para otro, con el riesgo permanente de ser sancionados pese a la falta de claridad normativa.

La postura de Pyramid Consulting

Desde Pyramid Consulting, especialistas en gestión de multas y normativa de tráfico, consideramos que la ampliación de la moratoria hasta 2027 pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más estructurado, transparente y jurídicamente sólido en la regulación de la movilidad urbana.

En este contexto, reiteramos la importancia de recurrir las sanciones cuando existen dudas fundadas sobre su legalidad, algo que está ocurriendo de forma recurrente en los procedimientos relacionados con las restricciones medioambientales en Madrid.

Ante un escenario normativo tan cambiante, la información y el asesoramiento especializado se convierten en la mejor defensa para los conductores.

Departamento Jurídico de Pyramid Consulting.