Todo lo que rodea a Uber se encuentra enmarcado por la polémica. Desde que esta novedosa aplicación saliera al mercado, las críticas principalmente del sector del taxi no han parado, al considerar que se presta una actividad de transporte de viajeros sin licencia que perjudica a este colectivo.
Unos motivos que la han puesto en el ojo del huracán y que ahora es la propia Comunidad de Madrid la que le echa un pulso. El nuevo foco polémico se basa en que la empresa no ha aportado en el tiempo estipulado la documentación requerida y exigida para llevar a cabo este servicio, fijado por parte del viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Borja Carabante, tras la reunión mantenida con los representantes de las principales asociaciones de taxistas de Madrid.
Ante las quejas, la respuesta de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Local ha sido contundente comenzando a partir de ahora un proceso de inspección y de multas tanto a la empresa Uber como a sus conductores si no aportan la documentación requerida, tras haber pasado el plazo en el que tenían que hacer aportado todos estos documentos.
Una sanción por la igualdad de competencia
Una sanción para Uber que alcanzaría los 18.000 euros, aunque la empresa tiene 15 días para alegar contra esta medida de la que se ha defendido el consejero de Transportes indicando que con esta presión «no está en contra de la aplicación», sino que busca que se cumpla «la igualdad de competencia» con respecto a otras empresas y colectivos.
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