La nueva normativa pone el foco en las zonas de bajas emisiones (ZBE) que mantienen avisos sin sanciones, carecen de restricciones efectivas o no acreditan su funcionamiento. La reforma, publicada en el BOE el 06/11/2026, también introduce nuevas cuestiones jurídicas que podrían resultar relevantes a la hora de recurrir multas ZBE.
El Gobierno ha aprobado una importante modificación de la normativa que regula las zonas de bajas emisiones en España. El objetivo es claro: evitar que los ayuntamientos se limiten a declarar estas zonas sobre el papel sin aplicar realmente las restricciones de circulación y los mecanismos de control previstos.
La reforma se recoge en el Real Decreto 953/2026, de 4 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de noviembre de 2026, que modifica el artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022.
A partir de su entrada en vigor, prevista para el 26 de noviembre de 2026, los municipios deberán cumplir unas exigencias documentales más estrictas para acreditar que sus zonas de bajas emisiones están correctamente implantadas.
La medida puede tener consecuencias importantes tanto para los conductores como para las empresas que gestionan flotas de vehículos y, al mismo tiempo, plantea nuevas cuestiones jurídicas sobre las garantías exigibles en los procedimientos sancionadores.
Multas ZBE: claves de la reforma de las zonas de bajas emisiones
| Aspecto | Qué establece la reforma |
|---|---|
| Norma | Real Decreto 953/2026, de 4 de noviembre, que modifica el artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022. |
| Publicación y entrada en vigor | BOE del 06/11/2026. Entrada en vigor prevista el 26/11/2026. |
| Obligación para los ayuntamientos | Acreditar documentalmente que las restricciones, los controles y el régimen sancionador se aplican de forma efectiva. |
| Multa para el conductor | Sin cambios: infracción grave, 200 euros con carácter general y sin pérdida de puntos. |
| ZBE ya implantadas | Sin disposición transitoria específica, sin anulación general de ordenanzas y sin revisión automática de sanciones anteriores. |
ZBE de papel: el Gobierno quiere acabar con las zonas de bajas emisiones sin restricciones reales
Desde que comenzó la implantación de las ZBE en España, no todos los municipios han aplicado las restricciones de la misma manera.
Algunas ciudades han establecido periodos informativos durante los cuales los conductores que incumplían las restricciones recibían avisos en lugar de multas. En determinados casos, estas moratorias se han prolongado durante largos periodos.
El propio Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido otras deficiencias, como la existencia de zonas que no establecen restricciones reales en función de las emisiones de los vehículos o que abarcan espacios demasiado reducidos, coincidentes con lugares donde ya existían limitaciones de circulación.
Con la nueva regulación, el Gobierno pretende corregir estas situaciones y garantizar que las ZBE cumplan realmente su finalidad ambiental.
Ya no será suficiente con aprobar una ordenanza municipal y delimitar una zona: los ayuntamientos deberán acreditar que las restricciones, los controles y el régimen sancionador se aplican efectivamente.
¿Qué tendrán que demostrar los ayuntamientos?
La modificación incluye exigencias de acreditación documental para las entidades locales. En concreto, deberán remitir:
- La normativa vigente que establece su respectivo régimen de la ZBE.
- El régimen de prohibiciones aplicado en relación con el potencial contaminante de los vehículos.
- La justificación del control de accesos aplicado en la zona restringida.
- La documentación acreditativa de la efectiva aplicación del régimen sancionador, refiriéndose expresamente a la exclusión de los regímenes transitorios preexistentes.
Una consecuencia importante: las ZBE deberán acreditar que están correctamente implantadas
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma aparece al final del nuevo artículo 10.3, que establece expresamente:
«En tanto no se reciba dicha documentación, no se considerará correctamente implantada la ZBE».
Esta previsión introduce una exigencia adicional para los ayuntamientos, que deberán acreditar documentalmente que cumplen los requisitos establecidos por la normativa estatal.
En otras palabras, la existencia de una ordenanza municipal no bastará, por sí sola, para considerar justificada la correcta implantación de una zona de bajas emisiones.
La medida refuerza los mecanismos de control sobre los municipios y puede adquirir especial relevancia al examinar la legalidad de determinadas actuaciones administrativas relacionadas con las restricciones de circulación.
No obstante, debe distinguirse entre la falta de acreditación de una correcta implantación y la eventual invalidez de una sanción concreta, que requerirá su correspondiente análisis jurídico.
¿Se acabarán los periodos de aviso? Más multas ZBE en las ciudades sin sanciones
Una de las consecuencias previsibles de la reforma es que aquellos municipios que todavía mantienen periodos informativos tendrán que revisar su aplicación para cumplir las nuevas exigencias.
Esto no significa que todos los ayuntamientos vayan a empezar a multar automáticamente el mismo día. Cada municipio deberá aplicar su propia normativa de circulación, teniendo en cuenta las restricciones vigentes, las autorizaciones y las excepciones correspondientes.
Sin embargo, la nueva regulación deja claro que un sistema basado exclusivamente en avisos no permite acreditar la aplicación efectiva del régimen sancionador.
Por tanto, es razonable prever un mayor control de los accesos y una aplicación más efectiva de las sanciones en aquellas ciudades donde las restricciones todavía no se estaban haciendo cumplir.
¿Cuánto es la multa por entrar en una ZBE?
Conviene recordar que el incumplimiento de las restricciones de circulación de las ZBE constituye una infracción grave, conforme al artículo 76.z3) de la Ley sobre Tráfico, sancionada con carácter general con 200 euros, sin pérdida de puntos.
La reforma no modifica esta cuantía ni establece nuevas categorías de infracciones para los conductores.
¿Qué ocurrirá con las ZBE que ya están funcionando?
Este es uno de los aspectos que deberán seguirse de cerca durante las próximas semanas.
El nuevo real decreto no incorpora una disposición transitoria específica que regule detalladamente cómo deberán adaptarse las zonas de bajas emisiones implantadas antes de su entrada en vigor.
Por ello, será necesario comprobar las actuaciones que adopten los ayuntamientos y las administraciones competentes para aplicar las nuevas exigencias documentales a estas zonas.
La reforma tampoco establece una anulación general de las ordenanzas municipales existentes ni determina que las sanciones impuestas anteriormente deban revisarse automáticamente.
En consecuencia, los efectos sobre cada ZBE dependerán de su situación jurídica y del cumplimiento de los requisitos aplicables.
¿Cómo afectará la reforma de las ZBE a las empresas con flotas de vehículos?
Las empresas de transporte, distribución, reparto, alquiler y renting pueden verse especialmente afectadas por la aplicación más efectiva de las restricciones municipales.
Una mayor actividad sancionadora puede traducirse en un incremento de las denuncias por acceso no autorizado, especialmente cuando los vehículos circulan habitualmente por distintas ciudades españolas.
Para estas empresas, la gestión de las ZBE no debería limitarse a conocer la etiqueta ambiental de sus vehículos. Resulta igualmente importante comprobar:
- Las restricciones específicas de cada ciudad.
- Las excepciones aplicables a determinadas actividades profesionales.
- Las autorizaciones exigibles.
- Los sistemas de identificación de conductores y gestión de notificaciones.
Una misma flota puede encontrarse sometida a condiciones diferentes según el municipio por el que circule, lo que aumenta la importancia de mantener actualizada la información sobre las restricciones locales.
¿Se puede recurrir una multa de ZBE si la zona no está correctamente implantada?
La modificación normativa incorpora un elemento que puede resultar relevante para la defensa de los conductores y las empresas sancionadas.
Si la propia regulación estatal establece que una ZBE no se considera correctamente implantada mientras no se reciba determinada documentación, cabe plantear qué consecuencias puede tener esa circunstancia en un procedimiento sancionador.
Qué conviene comprobar en el expediente
En determinados expedientes, podrá resultar conveniente comprobar si el ayuntamiento ha acreditado:
- La entrada en vigor de las restricciones.
- El funcionamiento efectivo de los sistemas de control.
- El cumplimiento de las obligaciones documentales exigidas.
También podrá ser relevante solicitar información sobre la remisión y recepción de la documentación que permita verificar la correcta implantación de la zona.
La falta de acreditación no anula automáticamente la multa
No obstante, la falta de acreditación documental no implica automáticamente que todas las sanciones sean nulas ni que las restricciones municipales dejen de ser aplicables.
La viabilidad de un recurso dependerá de las circunstancias concretas, de la fecha de los hechos, de la normativa municipal aplicable y de la trascendencia jurídica de los posibles incumplimientos detectados. Por tanto, cada sanción deberá examinarse individualmente antes de determinar si existen motivos suficientes para impugnarla.
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Una nueva etapa para las zonas de bajas emisiones en España
La reforma representa un cambio en la forma de supervisar la implantación de las zonas de bajas emisiones. El Gobierno pretende que los municipios no se limiten a aprobar restricciones, sino que también demuestren que estas se aplican y cuentan con mecanismos efectivos de control.
Para los conductores y las empresas, esto puede suponer una mayor exposición a sanciones en aquellas ciudades que todavía mantenían periodos informativos. Al mismo tiempo, las nuevas obligaciones de acreditación hacen especialmente importante comprobar el cumplimiento de las garantías legales exigibles a los ayuntamientos.
Desde Pyramid Consulting recomendamos revisar las restricciones vigentes en cada municipio y analizar individualmente las multas ZBE recibidas, prestando especial atención tanto a las circunstancias de la infracción como a la correcta implantación de la zona de bajas emisiones.
La nueva regulación refuerza las obligaciones municipales, pero también recuerda una cuestión esencial: la aplicación efectiva de las restricciones debe desarrollarse con pleno respeto a la legalidad y a los derechos de los conductores.
Normativa de referencia: Real Decreto 953/2026, de 4 de noviembre, publicado en el BOE de 6 de noviembre de 2026, por el que se modifica el artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, sobre zonas de bajas emisiones.
Preguntas frecuentes sobre las multas ZBE y la reforma de las zonas de bajas emisiones
¿Qué cambia en las zonas de bajas emisiones con el Real Decreto 953/2026?
El Real Decreto 953/2026, publicado en el BOE el 06/11/2026, modifica el artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022. Obliga a los ayuntamientos a acreditar documentalmente que sus ZBE aplican de forma efectiva las restricciones, los controles de acceso y el régimen sancionador. Mientras no se reciba esa documentación, la ZBE no se considera correctamente implantada.
¿Cuándo entra en vigor la reforma de las ZBE?
La entrada en vigor está prevista para el 26 de noviembre de 2026.
¿Qué documentación deben acreditar los ayuntamientos?
Deben remitir la normativa vigente que establece su régimen de ZBE, el régimen de prohibiciones aplicado según el potencial contaminante de los vehículos, la justificación del control de accesos y la documentación que acredite la efectiva aplicación del régimen sancionador, con exclusión expresa de los regímenes transitorios preexistentes.
¿Se acaban los periodos de aviso sin multa en las ZBE?
Los municipios que mantienen periodos informativos tendrán que revisar su aplicación, porque un sistema basado solo en avisos no permite acreditar la aplicación efectiva del régimen sancionador. Esto no significa que todos los ayuntamientos vayan a empezar a multar automáticamente el mismo día: cada uno aplicará su propia normativa, restricciones, autorizaciones y excepciones.
¿Cuánto es la multa por entrar en una zona de bajas emisiones?
Incumplir las restricciones de circulación de una ZBE es una infracción grave, según el artículo 76.z3) de la Ley sobre Tráfico, sancionada con carácter general con 200 euros y sin pérdida de puntos. La reforma no modifica esta cuantía ni crea nuevas infracciones para los conductores.
¿Qué pasa con las ZBE que ya están funcionando?
El nuevo real decreto no incluye una disposición transitoria específica sobre cómo deben adaptarse las ZBE ya implantadas. Tampoco anula de forma general las ordenanzas municipales existentes ni obliga a revisar automáticamente las sanciones anteriores. Los efectos dependerán de la situación jurídica de cada zona.
¿Cómo afecta la reforma de las ZBE a las empresas con flotas?
Las empresas de transporte, distribución, reparto, alquiler y renting pueden ver aumentar las denuncias por acceso no autorizado. Además de conocer la etiqueta ambiental de sus vehículos, conviene revisar las restricciones de cada ciudad, las excepciones para actividades profesionales, las autorizaciones exigibles y los sistemas de identificación de conductores y gestión de notificaciones.
¿Se puede recurrir una multa de ZBE si la zona no está correctamente implantada?
Puede ser un argumento a valorar. Conviene comprobar si el ayuntamiento ha acreditado la entrada en vigor de las restricciones, el funcionamiento de los sistemas de control y el cumplimiento de las obligaciones documentales, y solicitar información sobre la remisión de esa documentación. Sin embargo, la falta de acreditación no implica automáticamente que todas las sanciones sean nulas: cada multa debe examinarse de forma individual.
¿Las multas de ZBE anteriores se anulan automáticamente?
No. La reforma no establece la revisión automática de las sanciones impuestas anteriormente. La viabilidad de un recurso dependerá de las circunstancias concretas, la fecha de los hechos, la normativa municipal aplicable y la trascendencia jurídica de los posibles incumplimientos.
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