La reciente decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de anular varias multas impuestas por el radar de tramo situado en la A-7, a la altura de San Roque y Algeciras, ha generado una importante preocupación entre miles de conductores que pudieron haber sido sancionados de forma incorrecta.
La polémica surge tras detectarse una contradicción entre la señalización vertical existente en la vía, que permitía circular a 100 km/h, y la configuración del radar, que sancionaba a partir de 80 km/h. Esta circunstancia ha llevado a la propia Administración a revocar sanciones tras las reclamaciones presentadas por conductores afectados.
Desde Pyramid Consulting hemos recibido ya consultas y expedientes de varios clientes afectados por estas multas, algunos de los cuales abonaron la sanción sin conocer que la misma podía ser recurrible debido a la existencia de una señalización contradictoria.
Nuestro equipo jurídico considera especialmente relevante este caso, ya que pone de manifiesto la obligación de la Administración de garantizar una señalización clara, coherente y ajustada a la normativa vigente. Cuando existe discrepancia entre la velocidad señalizada y la aplicada por los sistemas de control, el conductor puede encontrarse en una situación de indefensión susceptible de anular la sanción.
En este sentido, desde Pyramid Consulting estamos analizando diferentes expedientes relacionados con este radar de tramo para recurrir las sanciones impuestas indebidamente a los conductores.
Además, no se descarta que el número de afectados pueda ser considerable, dado que el radar llevaba tiempo operativo antes de detectarse la irregularidad.
Revisión de casos afectados
La existencia de discrepancias entre la velocidad señalizada en carretera y la aplicada por el sistema de control podría afectar a la validez de determinadas multas, motivo por el que resulta recomendable revisar cada caso de forma individualizada.
Los conductores que hayan recibido una sanción en este tramo pueden contactar con Pyramid Consulting para solicitar una valoración jurídica de su expediente para estudiar las posibles vías de actuación conforme a la normativa de tráfico y procedimiento administrativo.
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