El Defensor del Pueblo ha puesto palabras y voz a una cuestión que ronda desde hace un tiempo a los ciudadanos. La excesiva ferocidad con la que los agentes colocan multas de tráfico a los conductores y peatones, responde a la mala situación económica que se está atravesando y apunta directo a la archiconocida palabra ‘crisis’ que tantas consecuencias está generando en las economías domésticas.

Estas fáciles deducciones vienen amparadas por las “numerosísimas” reclamaciones que el Defensor del Pueblo recibió el año pasado referidas a la “onerosidad excesiva” de las multas de tráfico. En la mayor parte de estos casos, los conductores resignados por falta de información o porque el recurso les suponía mayor gasto, pagaron las multas, aunque cada vez existe un porcentaje más elevado de aquéllos que recurren las sanciones y obtienen resultados satisfactorios con ello.

Además de las cifras que están ahí y que vienen avaladas por los casos continuos que cada día se presentan de multas ‘dudosas’, la crisis también es responsable de que se haya generado una corriente de opinión pública negativa y basada en que el sistema no se sustenta ahora en el cumplimiento de las normas y responde más a un creciente afán recaudatorio apoyado en ejemplos concretos, tales como las presiones que muchos agentes viven a diario y han denunciado en lo que a poner multas se refiere.

Para lograr sus complementos salariales, necesitan cumplir con las exigencias y poner determinadas sanciones al mes. Esto les convierte en auténticos recaudadores, alejándoles no sólo de la profesión sino también del apoyo ciudadano.

 

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