El Ayuntamiento de Barcelona estima las multas que podría tener que devolver o dejar de ingresar en más de 18 millones de euros.

¡Más de 18 millones en multas le puede costar al Ayuntamiento de Barcelona la zona de bajas emisiones anulada por los Tribunales!

La dirección de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona considera “probable” que la sentencia del 21 de marzo pasado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló la zona de bajas emisiones (ZBE) se resuelva con una resolución contraria a los intereses municipales. Por ese motivo, considera que el Consistorio barcelonés se podría ver obligado a devolver o a dejar de ingresar una suma estimada en más de 18 millones de euros.

 

El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que hacer frente a los recursos y reclamaciones de los afectados con multas de la ZBE

“El riesgo para el Ayuntamiento ante esta situación sería hacer frente a las posibles reclamaciones que realicen los ciudadanos sancionados por infracciones a la ordenanza de la ZBE que, a pesar de la sentencia del TSJC, está vigente”, señalan los servicios jurídicos, según consta en el informe de fiscalización de las cuentas municipales correspondiente al 2021 recientemente aprobado.

En el documento sobre las cuentas consolidadas del año 2021 se indica que, con fecha de 7 de septiembre de este año, se ha valorado el impacto de la sentencia, que fue recurrida por el gobierno municipal, en la situación económica del Ayuntamiento en 12,7 millones de euros por las multas pendientes de cobro no provisionadas y en 5,6 millones de euros por las multas ya cobradas y susceptibles de devolución.

 

Los cálculos municipales: 12,7 millones de euros por las multas pendientes de cobro no provisionadas y 5,6 millones por las ya cobradas

El Ayuntamiento de Barcelona siempre ha negado que detrás de la aplicación de la ZBE existiera un afán recaudatorio. Efectivamente, la de ingresar dinero procedente de las infracciones de la prohibición de circular con vehículos contaminantes por el interior de la zona delimitada por las rondas no era la razón de ser de esta medida.

Sin embargo, el Consistorio barcelonés preveía recaudar una nada despreciable suma de euros en concepto de sanciones. Pero la sentencia del 21 de marzo pasado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra la ZBE ha puesto en cuarentena esta fuente de ingresos.

 

En octubre, el Ayuntamiento de Barcelona hizo varias rectificaciones sobre la ZBE

Precisamente para tratar de adaptarse a la sentencia del TSJC, a comienzos de octubre el Ayuntamiento de Barcelona anunció una rectificación de la ordenanza de la ZBE que incluye una flexibilización de las condiciones para las familias con rentas más bajas. Estas podrán circular por la zona restringida aunque sus vehículos sean antiguos y contaminantes y, en consecuencia, no dispongan de la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico.

Asimismo, esta revisión incrementa el número de permisos anuales para circular para los vehículos sin dicha etiqueta, que pasan de los 10 establecidos inicialmente a 24 al año.

 

A partir del 1 de enero, las zonas de bajas emisiones deberán aplicarse en 149 municipios españoles

El objetivo de estos cambios normativos es blindar jurídicamente la zona de bajas emisiones, una medida que, en teoría, a partir del próximo 1 de enero debería aplicarse en los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes, que han de adaptar su normativa a las exigencias medioambientales de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Sin embargo, a falta de poco más de mes y medio para la fecha señalada, son minoría los ayuntamientos que ya han hecho los deberes y están en condiciones de implementar sus zonas de bajas emisiones en el plazo previsto.

 

Las cuentas municipales: 81 millones de euros en «riesgo posible»

Todas las administraciones suelen reservar un fondo para contingencias y para hacer frente a posibles indemnizaciones. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el informe de fiscalización señala siete contenciosos administrativos en tramitación en los juzgados que se califican con “riesgo posible”.

La suma de la cuantía de los asuntos en los que ha sido posible estimar de forma fiable el importe asciende a 81,7 millones de euros. Destacan tres asuntos correspondientes a una reclamación de 55,1 millones en concepto de liquidación de una concesión.

Fuente y foto: lavanguardia.com

 

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