Parece ser que útimamente todas las multas polémicas vienen acompañadas de un semáforo en rojo, pero lo cierto es que el desconocimiento ciudadano ante determinadas leyes, podría acumular gran cantidad de sanciones de tráfico por este motivo, que carecerían según los textos jurídicos de validez al no cumplir con la normativa vigente.

Si hace unos días nos sorprendía la noticia de que miles de multas podían ser invalidadas al considerar dudosas las fotografías y no ser pruebas suficientes de un semáforo que había multado a una mujer en Madrid y que demostraba que este sistema de fotocontrol es de dudosa fiabilidad, otra sentencia presentada por Pyramid Consulting da un nuevo palo al Ayuntamiento de Madrid con otra multa invalidada, al considerar que las sanciones de tráfico de semáforos tienen que ir acompañadas siempre de documentos que demuestren y prueben con fiabilidad el funcionamiento correcto de estas señales.

Según la Ley 3/1985, de 18 de Marzo, de Metrología y su normativa de desarrollo, se indica claramente que los instrumentos, aparatos o medios  y sistemas que sean utilizados para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, tienen que estar sometidos a un estricto control metodológico en los términos que se han establecido. De esta forma, ante una multa de semáforo tiene que haber un agente que demuestre lo sucedido además de que presente un documento que permita enlazar la presunción de veracidad de dicho agente con las condiciones óptimas de la señal reproductora.

Si no hay pruebas escritas que lo prueben, la actuación del agente se convierte en un mero indicio, dado que si no lo ve, ni puede quedarse demostrado, siempre quedará vía libre para indicar o pensar que dicho semáforo pueda estar manipulado.

Para que los semáforos puedan multar tienen primeramente que cumplir con lo que marca la legislación y por sistema esto no se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, tal como marca la sentencia. Amparándose en esto y tras llevar a cabo el recurso contencioso-administrativo pertinente, el Ayuntamiento de la capital se ha quedado con las ganas de cobrar una multa de 200 euros y la pérdida de los cuatro puntos, del conductor que solicitó los servicios de asesoría jurídica.

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