Increíble lo que hemos visto en La Voz de Barcelona. Se trata de un caso concreto, pero podría extrapolarse, dicen en este medio. A un ciudadano se le retiró una multa de tráfico después de que la recurriera: aparcó su vehículo en una zona prohibida, se le retiró y tuvo que recogerlo tras el pago de los costes de estancia y tasa de grúa (lo normal, vamos).

Lo que no fue normal fue que más tarde él recurrió la multa debido a que la señal de tráfico que le impedía aparcar en aquel lugar estaba escrita sólo en catalán, cuando hay varias leyes a nivel nacional que obligan a que esté escrita como mínimo en la lengua oficial del Estado, es decir, en castellano. Se le pasó el plazo y esto de lo que hablamos ocurrió en 2009, pero ahora, hace escasas semanas, el Ayuntamiento le ha dado la razón y dicho ciudadano está esperando a que se le reembolse el dinero de la multa y la grúa.

El Ayuntamiento de la capital catalana ha asegurado a dicho periódico que éste es un "caso aislado" y que de momento "no hay previsión de cambiar las señales". Desde el PP barcelonés se ha criticado esta medida del Consistorio debido a que "además de vulnerar los derechos lingüísticos con la señalización sólo en catalán", se provoque una "incoherencia que a los barceloneses les cuesta dinero".
 

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