Con el fin de repartir asuntos entre los juzgados y de agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales, el Gobierno ha dado marcha atrás el decreto de ley de tasas judiciales para las personas físicas, legado del anterior ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón.
De ahora en adelante las personas no tendrán que abonar las tasas judiciales que tanta polémica y críticas desde un principio suscitaron. La medida anunciada por el Gobierno se encuentra ya publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado), poniendo punto final al pago de tasas fijas cuando se traten siempre de cuantías económicas inferiores a 1.200 euros y también a la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos.
Con esta suspensión de las tasas judiciales, el Gobierno ha dado la razón a las quejas de los ciudadanos que consideraban este decreto como una total limitación para defender sus derechos, dado que en muchos casos tenían que abonar 2.800 euros por presentar un recurso de apelación civil o hasta 3.200 por uno de casación ante el Tribunal Supremo.
Excepciones con autónomos y pymes
Unas tasas judiciales que limitaban el acceso a la justicia y a que muchos se cuestionasen la necesidad de emprender recursos de multas a riesgo de defender su inocencia. Un cambio que por fortuna ofrece un futuro más esperanzador y justo aunque no afecta de igual manera a trabajadores autónomos y pymes. Estos seguirán pagando tasas si la cuantía supera los 2.000 euros. Por debajo de esa cantidad estarán exentos, como en la actualidad.
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