La ley está para todos y a veces los encargados de controlarla y de imponerla al resto de los ciudadanos también caen en la tentación de infringirla. Precisamente eso es lo que le ha sucedido a un ordenanza de tráfico de Álava al cuál le han caído diez años de inhabilitación para empleo o cargo público así como penas que suman cinco años y medio de prisión por hacer desaparecer multas por encargo.

Los hechos se remontan a noviembre de 2007  cuando un conductor fue denunciado por la Guardia Civil al conducir bajo los efectos del alcohol, acción que le acarreó una multa de 600 euros  y la pérdida de 6 puntos del carnet. Fue entonces cuando el acusado contactó con el dueño de un bar al que acudía frecuentemente el ex-ordenanza de tráfico que a cambio de 800 euros consiguió evitarle la sanción. Esta operación se llevó a cabo hasta en tres ocasiones y siempre a través de la mediación del dueño del bar que ponía en contacto al ordenanza con sus clientes.

Finalmente y viendo que la situación se les había ido de las manos, todos los implicados acabaron confesando su responsabilidad en estos hechos consecutivos de delitos de cochecho y en el caso del funcionario, infidelidad en la custodia de los documentos, al hacer desaparecer en repetidas ocasiones las multas a los implicados. Ni él, ni los otros tres acusados, entrarán en prisión tras alcanzar un acuerdo que les condena a penas que suman cinco años y medio.

 

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