Mediante carta y en un tono preocupado, el presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE), ha solicitado directamente a los pesos pesados de España, al Rey y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además de al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a que se lleve una modificación o en última instancia derogación de la polémica ley de Tasas Judiciales.

Con esta medida, el representante de la abogacía europea, Lutz Simon ha hecho un llamamiento del todo urgente para que se tenga en cuenta los inconvenientes para los ciudadanos del planteamiento de esta ley en una situación tan delicada como la que vivimos en todos los planos a nivel general pero muy especialmente que afecta al plano económico.

Parten sus líneas de la premisa de que la Justicia es un servicio de naturaleza exclusivamente pública y constituye un bien general, por lo que debe ser financiada fundamentalmente con impuestos indirectos. Esto choca irremediablemente contra lo estipulado en la Ley de Tasas, cuyas cuantías fijadas “obstaculizan irremediablemente para muchos el acceso a la Justicia”.

Esto unido a que también consideran que esta ley vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos, ha sido recogido en unas líneas escritas y dirigidas para el Rey de España, el presidente del Gobierno y a su vez también para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón donde se muestran contentos por las modificaciones que este último ha llevado en algunos de los preceptos de la Ley de Tasas, aunque siguen manteniendo que son insuficientes.

Su máxima preocupación es que se produzca como a todas luces creen, un retroceso en la Administración de la Justicia que deje al país desprotegido de los instrumentos que por ley son necesarios para realizar cualquier defensa.

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