‘Correr es de cobardes’ y también ahora podría ser un nuevo motivo para recaudar con multas en las ciudades. La Dirección General de Tráfico (DGT) con su nuevo Reglamento ha desatado todo tipo de polémicas e incluso el conflicto con el propio Consejo de Estado que ha solicitado que se reconsidere este proyecto que no cuenta con el apoyo de los distintos ministerios implicados.
Entre los puntos más polémicos por el que han saltado todas las alarmas, resulta lo referido a los peatones. Con la nueva normativa Tráfico quiere que uno de los colectivos más vulnerables asuma responsabilidades ante determinadas acciones que hasta ahora no conllevaban ninguna consecuencia. Es por ello que se tendría la intención de imponer límites de velocidad a los peatones además de la obligación de pasar un control de alcoholemia y drogas si cometen alguna infracción.
De esta forma el proyecto de Reglamento General de Circulación que aún no ha sido aprobado supondría la prohibición efectiva del ‘running’ dado que eso sería una forma de romper la armonía de los límites, además del caso de los vehículos en los que su conductor circula a pie (por ejemplo empujando un cochecito de un niño), en donde nunca se podría sobrepasar la velocidad del paso humano.
La crítica también se extiende y se tacha de «insostenible» por parte del Consejo de Estado en lo referente a los controles de alcoholemia y drogas a peatones al considerar que con esta medida se pueden vulnerar determinados derechos fundamentales como la libertad e intimidad personal. Llevándose a extremos que resultan irónicos y que implicarían multas a los peatones después de haber tomado una copa de vino, después de asistir a eventos o fiestas, además de también obligar a los paseantes que tomen medicamentos a llevar sus recetas médicas encima para justificar los controles en caso de determinar alguna sustancia en sangre.
El Consejo de Estado rechaza los cambios en velocidad
Un Reglamento a punto de aprobarse que tampoco encuentra consenso por parte del Consejo de Estado en la materia de velocidad en las vías. Resultando contrario a la posibilidad del límite 130 km/h en determinados tramos de autovías y autopistas porque será un aumento que «incrementará el número de accidentes», mientras que la bajada en las carreteras convencionales a 90 lo ven más como una medida recaudatoria que implicará un elevado gasto en el cambio de señalización de dichas vías, a lo que se une la crítica por la reducción del límite a 30 km/h en ciudades que puede provocar «grandes colapsos» y atrasos del tráfico.
Una batería de críticas que pone en duda a pocos días de su implantación y aprobación por parte del Gobierno, de las ventajas que se puedan conseguir con este cambio en el Reglamento por iniciativa de la DGT.
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