Decididos a respaldar la seguridad vial en todos los sentidos el Gobierno se ha lanzado a una encrucijada con una medida que en un futuro se pretende aprobar y que ha desatado todas las polémicas. El posible control de alcoholemia para los peatones ha encontrado más detractores en un principio que defensores.

El alcohol es uno de los principales motivos de multas de tráfico y por supuesto de accidentes en las carreteras españolas. Su sanción hasta ahora sólo afectaba a los conductores y hasta ahí todo parecía coherente, sin embargo dentro de los cambios previstos para la primavera, el Gobierno admite la posibilidad bastante certera de que los controles de alcoholemia se extiendan también para los peatones. Una remota idea que rápidamente ha estallado en diversos ámbitos de la sociedad.

Equiparar el mismo riesgo entre un conductor y un peatón parece un absurdo según la opinión de la mayoría, que aprovecharon la plataforma de Twitter para mostrar su postura negativa al Gobierno en caso de hacer efectiva la propuesta. Del mismo modo se ha hecho también eco La red de ciudades que caminan, organización para el fomento de la movilidad peatonal, que de pleno critica esta posible y polémica medida al asegurar que esto cae “en la criminalización de los peatones”.

No son los únicos que ven que el control de alcoholemia para peatones puede tener fines recaudatorios además de violar la intimidad de la persona dado que se prevé que estos se hagan tanto si el viandante está implicado en un accidente como si no lo está. “Medida exagerada e injusta debido a que normalmente los peatones son las víctimas en los accidentes de tráfico”, tal como determina Pablo Barco, coordinador técnico de esta organización que lucha para lograr beneficios para este colectivo.

De cualquier modo todavía quedan muchos interrogantes antes de que lleguemos a escuchar el famoso ‘deténgase y sople señor peatón’, porque desde la Dirección General de Tráfico (DGT) mantienen que hay muchas lagunas en la ley y tampoco se tiene conocimiento de a cuánto ascenderían las multas ni la tasa límite que se establecería en caso de aprobarse para la próxima primavera. Bastantes interrogantes para una posición rotunda en la que la sociedad ha coincidido por lo general tachando de primeras, de polémica e injusta esta posible y futura medida.

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