Las autopistas de peaje de Cataluña dependen del 26-J

En pleno proceso preelectoral son muchos los temas que unos y otros están poniendo sobre la mesa. Uno de los que está adquiriendo protagonismo es: ¿Qué va a pasar con las autopistas de peaje de Cataluña?

Y es que mientras que el Partido Popular, actual gobierno en funciones, no se cansa de repetir que tras las elecciones todas las autopistas de pagos que agoten su plazo de concesión van a ser estatales y de uso libre, la Generalitat se mantiene firme en su teoría de que eso no va a pasar.

Así pues, el partido que gane las próximas elecciones va a tener que tomar una decisión con respecto a las autopistas de peaje como la AP-7, que podría no ser renovada para Abertis.  El primer vencimiento corresponde a la AP-1, entre Burgos y Armiñón, que gestiona la sociedad Europistas, propiedad de Itínere. La fecha establecida de reversión es el 30 de noviembre de 2018. Ya al cierre de 2019 le toca el turno a Aumar, concesionaria de Abertis que opera el tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona, Valencia y Alicante, por un lado, y el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, por otro.

Es a raíz de esta última concesión que se han disparado las acusaciones cruzadas entre la Generalitat y Moncloa. Así, el conseller de Territorio, Josep Rull, lidera las negativas al Partido Popular catalán, que no cesa en su empeño de finalizar la concesión cuando corresponda, para poner fin al problema de Cataluña con el tráfico en vías públicas, en un intento de ahorrarse el peaje.

Eso sí,  los planes del Ejecutivo central chocan con las exigencias de Bruselas de rebajar el déficit público,puesto que al asumir las autopistas como propias, el Estado tendrá que costear todas las inversiones necesarias para su buen funcionamiento.

Más seriedad para el tema del peaje

El conseller ha reclamado más seriedad al PP para afrontar el debate de los peajes. Y es que, según Rull,  “se necesita estudiar un plan, con menos frivolidad y demagogia”. Eliminar el peaje de la AP-7 en Cataluña supondría para las arcas del Estado “1.300 millones de euros anuales” por un litigio pendiente con una de las concesionarias cuando se firmó la ampliación del tercer carril.

A pesar de que Rull ha afirmado que duda de que el compromiso del Gobierno con las autopistas estatales sea viable, él mismo ha anunciado en sede parlamentaria que las autopistas autonómicas C-32 del Maresme y C-33 del Vallés serán gratuitas a partir de 2021, cuando vence su contrato, que también gestiona Abertis.

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