‘El Caso Aguirre‘ ha traído más cola de la esperada y su famosa multa de tráfico ha destapado la caja de pandora de otras situaciones similares que han generado una división y casi abismo entre determinados políticos, diputados y agentes de la autoridad. Un nuevo caso en Orense reafirma esta confrontación que parte del cumplimiento o no de las normas de circulación.

Si un mal aparcamiento, en concreto en un carril bus, sembró la polémica unido a las posteriores acciones que vincularon a la infracción a Esperanza Aguirre, se han sumado nuevos casos de conocidos políticos a las sanciones con el coche. El último de ellos se sitúa en Orense donde la diputada del PP y vicepresidenta de la Comisión de Interior Ana Belén Vázquez, ha tenido su particular percance con las autoridades, de nuevo por un mal estacionamiento.

En este caso, la también exmujer del alcalde de la localidad, considera que se está haciendo especialmente hincapié en su condición de política para que haya una mayor dureza a la hora de poner sanciones. Una queja que ha expuesto reciéntemente en un comunicado a 20minutos, en donde asegura que la problemática con este agente viene ya de lejos y que considera excesivo el celo que se tiene en el aumento de las multas de tráfico en un periodo de tiempo notablemente corto.

Por su parte la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) arropa al compañero al considerar que puede peligrar el puesto de este en Bande (Orense) por haberse atrevido a denunciar a la diputada del PP. Consideran que es grave todo tipo de coacción para lograr como objetivo “desatender el cometido de su trabajo” y más si ésta parte de un cargo público.  Los agentes recuerdan que están para velar porque se cumplan las normas de tráfico, incluyendo las relacionadas con los estacionamientos sin ofrecer privilegios y para todos iguales.

Una confrontación que desde las redes sociales ya ha protagonizado varios episodios entre esta política y el agente, que puede alimentar más lo que se ha bautizado ya como ‘otro caso Aguirre’, donde el político se considera excesivamente maltratado por las autoridades, mientras que éstas se quejan de la rebeldía que determinados cargos presentan a la hora de cumplir sus sanciones.

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