El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible abre la puerta a que los ayuntamientos cobren por circular por las zonas de bajas emisiones de las ciudades.

El Gobierno dará la posibilidad a los ayuntamientos de cobrar por circular en los centros de las ciudades

Foto: Rafa Gutiérrez Garitano

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado este martes ante el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Tras este primer visto bueno, el Ministerio iniciará la tramitación del texto articulado con la apertura, en las próximas semanas, del trámite de audiencia e información pública.

 

¿Qué es el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible?

Tal y como ha explicado Sánchez, se trata de “un ambicioso marco normativo para adecuar las políticas de transporte y movilidad a las necesidades de los ciudadanos, a la protección del medio ambiente, al desarrollo económico y social, y a la necesaria equidad territorial”.

 

¿Qué objetivos persigue?

A grandes rasgos, los principales objetivos que quiere alcanzar la nueva norma son: ayudar a descarbonizar el transporte, combatir el calentamiento global y mejorar la calidad del aire de las ciudades. Permitir aprovechar la digitalización y las nuevas tecnologías para planificar el sistema de transporte y reducir sus impactos, así como colocar a los ciudadanos en el centro de las acciones y priorizar su movilidad cotidiana.

 

Su entrada en vigor está prevista a finales de 2023

La futura Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformas e hitos que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los hitos establecidos prevén su aprobación y entrada en vigor en el último trimestre de 2023.

Según ha manifestado Raquel Sánchez tras el Consejo de Ministros, gracias a las medidas contempladas en esta Ley, se reducirán ineficiencias en el gasto en inversiones públicas en unos 8.000 millones de euros en una década. Asimismo, se incrementará la productividad de las empresas hasta un 3,3% en un período de 10 años y, dentro del respeto al marco competencial, tendrá efectos positivos para la unidad de mercado, la competitividad y la competencia.

¿Cuáles son los cambios más sustanciales que propone?

Derecho social

La nueva Ley reconoce por primera vez la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y como un elemento de cohesión social, que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. Con derecho, puntualiza Sánchez, se hace referencia “a que cualquier ciudadano tenga garantizado el acceso a la movilidad, con independencia de su nivel de renda, género, limitaciones físicas…” .

Por lo tanto, la movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas. Asimismo, ha añadido que todas las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, vivan donde vivan, incluyendo el ámbito rural. También se ha puesto de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías, como sustento de la actividad económica del país.

Limpia y saludable

Por otro lado, Sánchez ha señalado que “el sector del transporte representa casi el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y, por modos de transporte, la carretera representa casi el 95 % de dichas emisiones”.

Estas cifras demuestran la necesidad de avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y conseguir una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud, que además contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas.

La futura norma promueve una movilidad limpia y saludable entendida como un derecho social

Para ello, la Ley busca dar una nueva visión a las ciudades que priorice la movilidad activa (caminar, ir en bici) por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y al transporte público colectivo de manera que sea una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía.

Para conseguirlo, se proponen alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.

Reforzar en las ciudades las zonas de bajas emisiones como áreas libres de humos y congestión

En la misma línea, también se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas “libre de humos y congestión”, permitiendo crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor.

De esta forma, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

Un sistema digital e innovador

La Ley también incluirá herramientas para facilitar la innovación en los medios de transporte y la movilidad, destacando la creación de un sandbox de movilidad, o lo que es lo mismo, un espacio de pruebas en el que la autoridad supervisora permitirá probar proyectos innovadores de manera controlada.

En este contexto, se introducirán los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción progresiva de los vehículos automatizados o sin conductor en el sistema de transporte, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar la realización de pruebas en vías públicas con el objetivo de atraer a España la innovación en este ámbito y que se desarrolle una regulación más detallada.

Invertir mejor al servicio de la ciudadanía

El cuarto pilar del Anteproyecto de Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública y transparencia en el proceso.

 

¿La nueva norma establece el modelo de pago por uso de las carreteras?

No, tal y como ha explicado Sánchez, el Anteproyecto no define ni concreta ningún modelo de pago por uso de las carreteras, ni tampoco un plazo a partir del cual entre en vigor.

El texto faculta al Gobierno a realizar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.

Lo que sí ha dejado claro es que el mecanismo que se plantee deberá tener en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental; buscará un amplio consenso social y político y se ajustará a las circunstancias económicas concurrentes.

 

¿Qué otros cambios propone la Ley?

Entre las múltiples medidas que se proponen en el texto destaca la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, un sistema que permite una mejor coordinación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para lograr todos estos objetivos y constituir una política de transportes y movilidad que ponga al ciudadano en el centro de la toma de decisiones.

Las empresas de más de 500 trabajadores tendrán que tener un plan de movilidad sostenible

Por otro lado, también se introduce la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo en los trayectos de ida y vuelta al trabajo.

De esta forma, las empresas pueden optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

 

Campañas de concienciación y sensibilización para toda la ciudadanía

En la vertiente social, la ley fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización para toda la ciudadanía en materia de movilidad sostenible y segura, y prevé la introducción de formación en este ámbito a lo largo de todo el currículum.

Desde la etapa escolar, con contenidos de educación vial, convivencia y uso de todos los modos de transporte y movilidad sostenible en condiciones de seguridad, hasta la formación profesional o universidad, fomentando la formación en materia de movilidad sostenible, digitalización, seguridad y multimodalidad del transporte, garantizando también la adecuada formación del profesorado y la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida para personas de cualquier edad.

Fuente: lavanguardia.com/motor

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