Como una de las pruebas claves para demostrar la inocencia o de desmontar el testimonio de un agente, el Defensor del Pueblo ha solicitado a los ayuntamientos la instalación de cámaras para que quede constancia de que una sanción está convenientemente puesta al conductor.

Se pretende a través de esta vía eliminar la visión de que el único objetivo de las multas de tráfico es ‘recaudar’ y ofrecer una garantía para que el ciudadano no tenga miedo de recurrir las sanciones que le parezcan injustas. Considera que este gasto no resulta excesivo para los ayuntamientos y que algunos pioneros como Pozuelo de Alarcón o Barcelona ya han incorporado estas cámaras en sus calles. Con ellas no se trata de intimidar o de recabar más multas, sino como instrumento para ilustrar y ofrecer seguridad y garantías tanto a denunciantes como principalmente a denunciados.

De esta forma se cree que se reducirían o terminarían los errores de los agentes en redacción en temas relacionados con matrícula o datos del vehículo, así como el problema de defenderse ante las multas de tráfico que determinan la presencia de un conductor en un punto concreto geográfico. Precisamente la prueba de que no se ha estado en un lugar es realmente complicada de probar y con el testimonio gráfico de una fotografía se daría un buen avance en este polémico debate.

Garantías ante el afán recaudatorio

El Defensor del Pueblo quiere garantías porque se ha hecho demasiado común en los últimos tiempos los procedimientos sancionadores tramitados sin todas las cartas sobre la mesa y en el tema de las multas no se deben admitir suposiciones. La imagen y la inocencia no pueden quedar siempre por detrás del afán recaudatorio existente.

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