La seguridad vial en nuestras carreteras sigue siendo una asignatura pendiente y aunque ahora se presenta un nuevo proyecto que sustituirá a la Ley vigente desde 1988, las novedades siguen dejando necesidades inacabadas, además de teorías que no cumplen con la coherencia de mejorar la seguridad vial de los conductores.
El cambio de la Ley de Carreteras busca velar por la seguridad del conductor, en torno a dos variables fundamentales: las distracciones y la eficiencia en la señalización. Sin embargo ambas propuestas se miden con un doble rasero que se aleja del buen fin de la seguridad vial para nuevamente encontrarnos con intereses económicos de por medio.
Un buen ejemplo de ello es la prohibición que aleja del escaparate de la publicidad a carteles, promociones o anuncios en nuestras carreteras, que puedan ser en un momento dado un objeto de distracción por parte de los conductores. Una imposición que deja fuera de esta obligación a los carteles informativos del Ministerio de Fomento, lo que nos enseña una excepción en la Administración Pública y del interés político frente a la seguridad que se busca de los ciudadanos.
Interés político
Por otro lado, el doble rasero lo vemos en la acción ciudadana con las señales de tráfico. Elementos indispensables para garantizar la seguridad vial y cuya eficiencia depende del estado en el que se encuentren estos oportunos avisos. Así, de esta forma, si un ciudadano provoca daños o elimina una señal de tráfico, será castigado con multas desde 15.000 a 300.000 euros, mientras que si la propia administración no instala una señal de peligro en un tramo que requiera de esta obligación, no será sancionada, aunque este motivo pudiera traer como consecuencia accidentes mortales.
Recent Comments