Nuestro Gobierno prevé implantar la política de “pago por uso”, lo harán en 2024 y pretenden ampliarlo a todas las carreteras del Estado.

Primero serán las autopistas y autovías, pero se expandirá a toda la red nacional de carreteras

Esta medida está siendo objeto de debate, al generar una serie de desavenencias y discrepancias tanto en los socios del Gobierno, como en el resto de la sociedad. Y es que, aunque la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está sujeta a la existencia de consenso en el sector de transporte, la intención es adaptar la medida de un modo progresivo, comenzando en un primer lugar por autopistas y autovías, para posteriormente expandirla al resto de la red nacional de carreteras y autonómicas.

Pretenden incentivar los comportamientos más sostenibles y eficientes…

Según el Gobierno, “esta medida está orientada a incentivas los comportamientos más sostenibles y eficientes”, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al “usuario pagador” y también el principio de “quien contamina, paga”. Asegurando el plan remitido a Bruselas, que “la imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Sin embargo, no debemos olvidar que las políticas del actual Gobierno, hasta ahora, siempre se han desarrollado en dirección opuesta, alejados de la idea de introducir peajes, no restaurando las concesiones que llegaban a su fin, lo que ha permitido liberar de peajes varias autopistas que ahora son gratuitas.

Pero el fin último es muy claro ¡Recaudar!

Es por ello, que la realidad es que no hay que dejar de tener en cuenta el disimulado objetivo recaudatorio de la medida, no solo en el coste a asumir del peaje, sino en los millones de sanciones que derivarán de los mismos, no obstante, todavía es prematuro confirmar que con esta implantación se llevarán a cabo una serie de vulneración de principios, tales como el principio de no discriminación.

Por este motivo, desde Pyramid Consulting seguiremos atentos al resto de detalles que el Gobierno irá comunicando sobre este tema, como el coste que tendrán; a quiénes irán dirigidos y de qué forma; cómo afectará al transporte, etc., para informaros sobre nuestros derechos y sobre la realidad jurídica que existe detrás de esta nueva implantación.

Fdo. Marina Maldonado

Abogada

Pyramid Consulting

Si esta información te ha resultado útil, te sugerimos que sigas navegando por los siguientes enlaces:

¡El Gobierno también subirá el diésel y lo hará el año que viene!

¿Cómo defendernos de denuncias falsas sin pruebas que las sustenten?

¿Cómo se aplica la reducción del límite de velocidad a 30 km/h?

 

¿Alguna Consulta?

Icono-telefono+34 915 23 23 15

¿Desea que le llamemos?

    Formulario de contacto ofrecido por 84Digital.com