Ante la proliferación de mercadillos callejeros que no cuentan con ningún permiso, la dureza de la crisis económica y la necesidad de sacar dinero de debajo de las piedras, la Dirección General de Tráfico (DGT), está decidida a terminar con un negocio fraudulento que además de perjudicar al sector del automóvil puede ser peligroso para la seguridad de los conductores.

El Gobierno parece decidido a plantar más que nunca cara a la venta de coches ilegal en las calles. En esta ocasión la práctica denunciada desde hace años por los concesionarios, está yendo demasiado lejos al amparo de la crisis económica y se cree que sólo mediante ley se podrá llevar una regulación exhaustiva de un negocio fraudulento que afecta a varios colectivos.

Un crecimiento que se puede ver en descampados, mercadillos de coches o concesionarios ambulantes que perjudican muy claramente a los concesionarios de marca y compraventa, dado que estos no pagan impuestos ni cuentan con autorizaciones, ni están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y les sale “gratis” llevar a cabo sus operaciones. Un mercado negro que es el responsable de pérdidas millonarias en el sector del automóvil.

Por ello y aprovechando los cambios que se avecinarán en un futuro con la nueva Ley de Tráfico, se pretende poner en marcha una norma de ámbito estatal que ponga fin a este problema cada vez más difícil de llevar. Para ello, utilizando el pretexto de un uso ilegal de la vía pública, la DGT podría meter mano e intentar expresar esta prohibición en el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación. Una prueba que tendrá que pasar el visto bueno de partidos políticos y de la propia sociedad, que cada vez tiene más vista a ser una realidad futura.

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