Aunque estamos hablando de medidas cautelares, los taxistas principalmente están de enhorabuena porque su combate y particular losa en el camino ha sido apoyado por un juez a la hora de prohibir preventivamente los servicios de esta aplicación móvil que pone en contacto a conductores particulares con usuarios.
Para entender dónde están los puntos que han despertado la polémica entre ciudadanos y taxistas, extendiéndose por las distintas ciudades de la geografía española a modo de manifestación, hasta llegar a esta medida cautelar dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, tenemos que conocer los servicios de esta aplicación y si su utilización está dentro o no del marco legal.
Bajo el nombre de Uber nace en Silicon Valley, California, una aplicación que pone en contacto a conductores particulares con usuarios. Su modo de funcionamiento es simple: el usuario se da de alta en ella y solicita un conductor a través del móvil. La plataforma le informa de qué conductor hará el servicio y cuánto tiempo tardará. El problema y choque con el que se ha topado esta fórmula es que por lo general, las carreras son más económicas que las de los taxistas y estos no cuentan con la licencia administrativa que exigen las normas para el transporte de viajeros. Dos grandes realidades con las que se ha acusado a este servicio de competencia desleal.
Llegados a este punto, la controversia está servida dado que en función de que su actividad sea calificada de transporte privado o actividad comercial, será de obligada implementación la licencia y si se califican sus servicios como transporte privado, no obtendrán remuneración alguna, según lo que estipula la teoría.
Uber mantiene el pulso con su actividad
Por ello con estos argumentos sobre la mesa alegando incoherencias de este servicio y unido a las quejas del colectivo del taxi, se ha establecido una medida cautelar hasta que se presente la demanda por la que Uber no puede ejercer esta actividad en territorio nacional. La medida pretende evitar que aumente «un daño inmediato» que se está generando en la industria del taxi a través de estos indicios de competencia desleal.
La reacción de la aplicación de servicios de coches compartidos ha hecho caso omiso de la orden judicial, alegando para ello que se trata «de una medida cautelar y en ningún caso de un fallo firme». Un pulso que se sigue echando y al que le quedan todavía nuevos episodios y polémicas por contar.
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