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Una fórmula que se ha puesto de moda en varios municipios y que hace a una empresa privada encargada de la vigilancia de los controles de velocidad a cambio de un porcentaje de las sanciones que dichos radares impongan a los conductores.
Haciendo gala de lo que es trabajar en equipo, la empresa privada Bibomática se ha hecho cargo de la instalación y del mantenimiento de los radares de velocidad y de semáforo que desde hace unos meses cuentan localidades catalanas tales como Montgat y Mollet. Su cometido implica una retribución por parte del municipio que se traduce en un 30% de las sanciones que dichos dispositivos capten de conductores infractores.
De esta forma bajo un negocio conjunto, Cataluña cuenta con lo que han sido bautizados como radares a comisión que ha levantado ampollas entre muchos vecinos de la zona que se quejan no sólo del afán recaudador que se persigue con estos dispositivos, sino también de su falta de señalización además de ser demasiado estrictos.
Esta crispación motivada por el incremento de multas provocado por estos radares, se ha visto plasmada en dos campañas de recogidas de firmas, de las que los ayuntamientos de los municipios afectados se defienden mediante alegaciones en favor de la seguridad vial, además de castigar más duramente con sanciones a los que cometen temeridades al volante.
Unos radares a comisión que enriquecen a dos vertientes y que en el caso de Montgat se sitúan en la antigua nacional II a su paso por esta localidad, mientras que en el ejemplo de Mollet, los radares y controles de semáforos se han instalado en diversos puntos de la ciudad.
