Las protestas siguen en aumento y una vez destapado el cajón de los truenos, la Guardia Civil de Tráfico sigue denunciando presiones internas para poner más multas. Unas tensiones que se dan más en unas provincias que en otras y que convierten esta tarea en una “competición” por no perder sueldo ni privilegios.

El temor a una reducción de complementos y de ciertas garantías, que implica no llegar a ese número deseado de sanciones, se dispara en la provincia de Madrid, la que se encuentra a la cabeza en  número de multas puestas por la Guardia Civil, seguida de cerca por Sevilla, Las Palmas o Valencia. Lo que definen desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como “una competición diabólica porque nadie quiere quedar el último y perder parte del sueldo”, tal como aseguran.

Una tensión que llevada hasta algunos extremos hace que algunos agentes se planteen el cambio de unidad al tener continuos enfrentamientos con sus superiores por este tema, además del estrés de no quedar el último en esta temida lista. Así, se valoran con 4 puntos las denuncias de transportes, mientras las denuncias de seguridad vial reciben una asignación de entre 3 y 4 puntos respectivamente. La cosa mejora para el agente, si es testigo de una denuncia relacionada con controles de alcoholemia, donde puede sumar hasta 9 puntos del tirón que chocan con la acción de prestar auxilio en la carretera, relegada en la valoración con 1 punto, justificada en que se trata de ” una situación encontrada” y cuenta con menor valor en su tabla.

Este hecho en Madrid se hace menos soportable y cuadra perfectamente con que en estos últimos tiempos se haya visto reducida la plantilla de agentes de la Guardia Civil en un 30%. Unas presiones llevadas a los límites y que se traducen en cerca de 25.000 multas al mes, lo que hace que muchos agentes decidan con impotencia abandonar estas unidades. Unas críticas que cada vez cuentan con menos barreras y se hacen más extensibles a otros planos y aunque la Dirección de la Guardia Civil niega la mayor parte de ellas, una veintena de sentencias da la razón a este colectivo que cada vez está más cansado del peso del RAI (Resumen de Actividades Individuales), en la efectividad de su trabajo.

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