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El Servicio de Tráfico Catalán ha decidido terminar drásticamente con el paso de camiones de gran tonelaje que cada día circulaban por la N-II en dirección hacia La Jonquera. Su principal arma para esta batalla, serán multas de 500 euros para los transportistas que ignoren esta reciente restricción.
Cerca de 3.000 camiones procedentes en su mayor medida de la Comunidad Valenciana se verán perjudicados por una reciente restricción de tráfico que les obliga a tener que utilizar de manera obligatoria la autovía de peaje AP-7, si no quieren ser sancionados de otra manera. Esta prohibición que implica un peaje obligatorio supondrá un coste adicional de unos 40 euros entre ida y vuelta para los camioneros, que ha desatado ya todo tipo de comentarios.
Ante un cambio drástico que además supone un coste económico, las quejas no se han hecho esperar y el primero en mostrar su negativa a esta nueva norma, ha sido Transportes Arnedo, empresa con una de las principales flotas de vehículos frigoríficos que acostumbraba a realizar su recorrido por la N-II. Consideran que esto es una traba más para el sector que resta eficiencia a las bonificaciones aplicadas a los camiones en los peajes, que «contribuirá más si cabe al aumento de la crisis»,
Esta queja unida a la lluvia que se ha desencadenado de protestas ha obligado a que Abertis como concesionaria de autopistas se desmarque, negando los beneficios que obtendrían a partir de este cambio. Sin embargo el deseo de resucitar las autopistas de peajes en Cataluña ha logrado que esta modificación en el trasporte sea ya efectiva a pesar de las protestas, proliferando con ello los controles policiales para imponer multas a aquellos transportistas que desobedezcan la nueva norma.
